Traslado de Residuos – Nuevo Real Decreto

El pasado 19 de junio fue publicado el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Esta nueva norma deroga al Real Decreto 180/2015 e introduce una serie de novedades que os comentamos a continuación:

Identifica todo aquello que NO se considera traslado de residuos:

  1. Transporte de residuos que realizan las empresas de instalación o mantenimiento, desde el lugar en que se han producido estos residuos hasta sus propias instalaciones, siempre que sean residuos generados como consecuencia de su actividad.
  2. En el ámbito de la logística inversa, el transporte desde los hogares particulares hasta los comercios o hasta las plataformas de la distribución; y el transporte desde los comercios hasta las plataformas de distribución.
  3. El transporte de los residuos por parte de los particulares a los puntos de recogida establecidos por las entidades locales, gestores de residuos autorizados o cuales quiera de los puntos de recogida indicados en la normativa aplicable.

Incluye la definición del Sistema de Información de Residuos (eSIR) para la ejecución de los procedimientos electrónicos en el traslado de residuos, creándose un repositorio con las notificaciones previas y los documentos de identificación asociados al traslado que mejora sustancialmente la trazabilidad documental de los residuos trasladados, definiendo concretamente los trámites a realizar a través de dicho sistema.

Realiza aclaraciones sobre el operador del traslado, siendo la persona física o jurídica que pretende realizar un traslado o hacer que se lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento, y es por tanto, en quien recae la obligación de notificar el traslado. En aquellos casos en los que el operador sea un agente o un negociante, este deberá contar con una autorización del productor del residuo.

Se modifica el contenido del contrato de tratamiento que deberá incluir:

  1. Identificación de la instalación de origen de los residuos y de la instalación de destino de los traslados.
  2. Cantidad de residuos a trasladar.
  3. Identificación de los residuos mediante su codificación LER.
  4. Periodicidad estimada de los traslados.
  5. Tratamiento al que se van a someter los residuos.
  6. Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento del residuo.
  7. Condiciones de aceptación de los residuos.
  8. Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario (devolución a origen o traslado a otra planta de tratamiento).

Realiza cambios en el documento de identificación. Se armoniza para todo el territorio español el contenido del documento para todos aquellos traslados sobre los cuales no es necesaria notificación previa (anexo III). En el caso de los residuos que requieren de notificación previa, se mejora la trazabilidad del residuo ya que el documento de identificación deberá ser remitido al inicio del traslado, de manera que las comunidades autónomas puedan conocer cuándo se va a realizar realmente el traslado.

La notificación previa de traslado (NT) será obligatoria en los siguientes casos:

  1. Traslados de residuos peligrosos y no peligrosos destinados a eliminación.
  2. Traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 y los que reglamentariamente se determinen, destinados a valorización.

En cuanto a los documentos de traslado que deberán estar disponibles en formato electrónico y único para todo el territorio del Estado, se incluye la obligatoriedad de incluir información sobre las operaciones de tratamiento posteriores.

En los traslados de residuos no se permitirán más de dos almacenamientos sucesivos.

En cuanto a los residuos de construcción y demolición (RCD), se incluye la consideración de productor inicial al poseedor del residuo.

Se plantea un periodo de un año para que todos los trámites indicados en esta norma se realicen telemáticamente y para que las administraciones competentes adapten sus procedimientos a la misma.